Otras consideraciones
Continuo hoy con otras consideraciones dentro de la parte económica. Primero, p’adentro Empiezo con un apunte interno. Es evidente que cualesquiera que fuesen los cuadros macroeconómicos que manejase el gobierno, ya no sirven para nada. Su plan de incrementar impuestos a las grandes empresas para financiar gasto público debe ser revisado, aunque quizá solo de momento: habrá que vigilar los beneficios de esas empresas, incluso por sectores, para comprobar cuándo puede volverse, en función de la recuperación, a esa senda. En este sentido, el gran pacto nacional propuesto por Sánchez sería una gran noticia, pero debería empezar a llenarse de contenido —que es lo importante— cuanto antes, pues es urgente la aprobación de nuevos presupuestos, que ya deberían recoger los acuerdos a que se llegue en dicho pacto, dentro de un nuevo marco macroeconómico plurianual, para evitar perder un año en lo que debería ser el desarrollo de un nuevo modelo de país. Sin embargo, nos encontramos con que la extrema derecha y la derecha extrema se oponen si quiera a participar. ¿Por qué? Junto a la estrategia de crispación y enfrentamiento que adoptan desde hace años, y a la competición entre PP y VOX por ver quién es más macho (con esperpento sobre el número de diputados que enviar al Congreso incluido), la principal razón es que esta crisis está poniendo al descubierto el desastre de las políticas de recortes y privatizaciones en todas las administraciones públicas. Los principales acuerdos que lógicamente cabría esperar de ese gran pacto nacional serán los relativos a mayor inversión y refuerzo del sector público; siendo dichas opciones políticas los principales adalides (aunque en los últimos años no las únicas) de estas políticas, asumir algo así sería como enmendarse a sí mismos, por lo que lo más probable, viendo los antecedentes recientes de su comportamiento, es que seguirán defendiendo su propuesta contra viento, marea y realidad. Sánchez lo sabe, y por eso insiste tanto. Es una estrategia ganadora para él en cualquier caso, puesto que si aceptan entrar en la negociación, tendrán que asumir esa enmienda —aunque también tendrán la posibilidad de rebajarla aliándose con otros sectores conservadores, incluso dentro del PSOE—; y si finalmente no aceptan participar, serán acusados de deslealtad, como mínimo. Veremos en qué queda. ¿Renta mínima vital? En este contexto, aparece la propuesta de la renta mínima vital, cuya aplicación en este momento resulta controvertida. Más allá de las incertidumbres que la medida produce por sí misma, su aplicación en la actual coyuntura enfrenta a los principales actores políticos a algunas contradicciones. Por un lado, no hay que olvidar que se trata de una medida del programa con el que las formaciones que integran el gobierno se presentaron a las elecciones y del subsiguiente acuerdo de gobierno, por lo tanto, como afirma el PP, es una medida de partido —o de parte[1]—, lo que implica que existe un compromiso del gobierno para llevarla a cabo que debería cumplir; por otro lado, y dado el calado que una medida así tendría, así como la intención declarada del gobierno de que sea una medida permanente, lo lógico y más recomendable sería acordarla dentro de esos nuevos Pactos de la Moncloa, o como quiera que se llamen, constituyendo su aprobación fuera de ellos una cierta deslealtad del gobierno para con los otros partidos y actores implicados y una rebaja del calado y trascendencia que el propio gobierno afirma querer dar a los mismos. Al mismo tiempo, resulta evidente que la situación económica actual ha dejado a muchas familias en una situación de necesidad y vulnerabilidad extremas, por lo que urgen medidas que palíen dicha situación y reduzcan tanto como sea posible su sufrimiento, y que al mismo tiempo permitan sostener un cierto nivel de consumo y, con ello, a la economía. Por otro lado, la extrema complejidad de dicha medida aconseja un diseño bien calculado y meditado, lo que inevitablemente requiere de tiempo. Aprovechar la ocasión para implantar la renta mínima vital —teniendo claro que es algo que en cualquier caso se iba a llevar a cabo— es el tipo de actuación que cabría esperar de un gobierno solvente y con visión de futuro, pues evitaría aplicar ahora medidas que después deberían ser modificadas o derogadas en una sucesión normativa que solo generaría confusión, desperdicio de recursos administrativos y falta de seguridad jurídica (y por ello un flanco desprotegido para los ataques políticos al gobierno); sin embargo, y sin menospreciar el trabajo que seguro ya hay realizado al respecto de la misma, lo sería aún más si se postergase su diseño e implantación hasta la discusión de esos acuerdos nacionales, aún a riesgo de que el necesario acuerdo y concurso de otras fuerzas políticas y actores sociales resultase en una rebaja de la medida —algo indeseable por otro lado, pues su éxito a largo plazo depende en buena medida de que su extensión y profundidad, en base a los modelos teóricos que la propugnan, sean lo mayores posibles—; esto es así porque una renta mínima vital a nivel nacional constituye un hecho revolucionario y sin precedentes a nivel mundial, lo que implica la necesidad de que exista un cierto acuerdo nacional al respecto que la blinde a largo plazo. Por supuesto, vista la oposición frontal de casi todos los sectores conservadores a dicha medida[2], su inclusión como materia de discusión dentro de los pactos supondría un escollo prácticamente insalvable y pondría en peligro los pactos mismos, mientras que su adopción por fuera, dada como ya se ha dicho la trascendencia tanto histórica como presupuestaria y por supuesto económica y social, los condicionaría inevitablemente. Queda ahora clara la contradicción a la que se enfrenta el gobierno: tiene razón el PP en sus críticas acerca de la forma de adopción de la medida, pero también el gobierno acerca de su necesidad, encontrándose a su vez atrapado entre la posibilidad de diseñar una renta mínima vital efectiva y que pueda recibir tal nombre de acuerdo con los estudios y propuestas que la postulan, pero que carezca de un consenso fuerte de cara al futuro; o aprobar una renta mínima descafeinada pero consensuada (por la fuerza de la situación actual, claro) con los partidos y sectores conservadores. Todo ello sin perder de vista la emergencia vital de muchos hogares en este mismo momento, algo en lo que también tiene razón el vicepresidente segundo. La opción del gobierno, vista la disyuntiva, pasa inevitablemente por diseñar y, llegado el momento, implantar la medida aun sin acuerdo y, entretanto, tratar de negociarla dentro de los pactos que anuncia, llegando a modificarla según los mismos si ya estuviese en vigor en el momento de que se alcanzasen esos pactos, de manera que pudiese surtir efectos positivos en la población que influyesen en la posición negociadora de los partidos y actores sociales. Dicho de otra forma, que el apoyo popular a la medida fuese tan amplio, una vez que se comience a disfrutar, que ningún partido se atreva a plantear abiertamente, no ya su abolición, sino siquiera una rebaja sustancial de su contenido o alcance, limitándose la negociación a meros retoques; es decir, el gobierno, si desea realmente implantar una medida que bien podría ser su legado, debería optar por la vía de los hechos consumados. Para ello sería recomendable que, una vez que se instaure la medida, sea lo más perfecta posible en su diseño, de manera que se eviten en la medida de lo posible posteriores rectificaciones y fallos que darían munición, corta pero suficiente mediáticamente hablando, para atacar la medida y ridiculizar al gobierno. Todo ello aconseja un poco de sosiego en este momento. Sin embargo, lo anterior no implica que no se pueda instaurar una renta mínima vital puente, incluso sería positivo como programa piloto de cara a afinar la medida final, siempre y cuando resulte meridianamente claro para la población que no se trata de la renta mínima vital definitiva, sino una medida temporal, de crisis. Aquí las palabras juegan un papel esencial, y quizá, aunque se diseñe esencialmente como tal, sería mejor no denominarla renta mínima vital, ni siquiera con el añadido de «puente»: nuevamente la discusión, que tanto conoce Iglesias, sobre los significados y los significantes. Por lo tanto, el gobierno tiene que elegir entre recibir acusaciones de improvisación y falta de proyecto y asumir ese desperdicio de recursos administrativos y una cierta inseguridad jurídica si decide atender ahora a los que lo necesitan con una medida extraordinaria (llámese renta mínima vital puente o como se quiera), continuando paralelamente con un diseño e implantación de la renta mínima vital sosegados; o recibir las quejas de los que lo están pasando peor económicamente en estas circunstancias y la responsabilidad y acusaciones desde todos los sectores —también de los que se oponen a la medida— de abandonarlos si decide no asumir el desgaste que supondría el anterior supuesto y esperar a tener la renta mínima vital completamente perfilada antes de ayudar a los más necesitados. Esto es lo que supone gobernar. Por mi parte, creo que moralmente no hay duda sobre que opción asumir, especialmente teniendo en cuenta que la renta mínima vital es una propuesta tan compleja e innovadora que realizar ajustes en la misma según la experiencia que se vaya teniendo va a ser prácticamente inevitable. Oro negro Cambiando de asunto, mención especial en todo este lío en el que estamos merece la caída del precio del petróleo. Ya estamos todos más que familiarizados con la importancia de este dato y sus implicaciones, pero en la guerra que se viene librando entre los países productores, esta situación puede tener consecuencias inauditas. Hablaremos más de este asunto en la parte de las repercusiones internacionales, baste apuntar por el momento, para tenerlo en cuenta también más adelante, la situación económica de Rusia, Venezuela, los países del Golfo Pérsico y Texas, ese estado americano tan económicamente dependiente del petróleo cuya industria del fracking ha conseguido mantener a EE.UU. como el primer productor mundial, pero con un nivel de rentabilidad que, aunque no bien definido, es en general muy superior a los precios actuales, lo que puede llevar a la ruina a muchas «pequeñas»[3] explotaciones que seguramente acabarán en manos de las grandes compañías petrolíferas, y cuya crisis económica podría ser una rémora importante para la economía americana. Tan importante y peligrosa es la situación, que recientemente los productores han llegado a un acuerdo para restringir la producción con la esperanza de que el precio suba, ¿es el fin de las divergencias entre los países productores? No lo creo, pero es un acuerdo de emergencia dada la situación. ¿Globalización? Todo lo anterior, y lo que me dejo en el tintero, obliga a replantearse la globalización tal y como la hemos conocido hasta ahora. Trump ya puso en cuestión, aunque de manera a su vez cuestionable, las deslocalizaciones industriales; ahora los países europeos comprobamos dolorosamente en una situación de crisis que carecemos de la capacidad de producir elementos esenciales (los ahora famosos EPI, respiradores...). Por fuerza, habrá que replantearse la desindustrialización, especialmente en sectores que pueden resultar estratégicos[4], y podríamos encontrarnos en una carrera entre países para producir según qué productos dentro de sus fronteras, concediendo ventajas fiscales[5], por ejemplo, para lograr la implantación de esas empresas y que sean rentables en condiciones normales, logrando así retenerlas. Es evidente por tanto que el concepto de globalización, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, va a sufrir; el riesgo aquí es caer en un simple todos contra todos, un nuevo proteccionismo que tensione aún más la economía y el comercio internacionales, incluso aunque trajese el beneficio del control de la circulación de capitales. En este sentido, la UE ofrece una oportunidad de coordinación inmejorable para abordar este reto, siempre que se logre actuar con lealtad y unidad, pero para ello previamente habría que lograr una profundización del esquema europeo, una mayor y verdadera integración, que debe venir de la mano de una mayor democratización; algo comentaremos sobre esto y sus dificultades en otra sección. Una importante repercusión de esta posible reorganización de la producción y la logística mundiales la van a sentir las economías basadas en la exportación, principalmente en oriente, que podrían pasar apuros económicos si occidente decide hacer retornar la producción de algunos bienes en cantidades más o menos significativas y reindustrializarse. Cabe la posibilidad de que ese movimiento pueda ir más allá de una cierta reestructuración estratégica para algunos bienes y convertirse en un nuevo paradigma —¿a qué político no le gustaría presumir, a lo Trump, de haber traído las industrias y el empleo de vuelta? ¿Se imaginan todas las fábricas de Zara en España? Pero ¿es eso asumible con los costes de producción españoles? ¿Admitirían otros países esas prendas si se les deja sin una parte de su ciclo productivo? ¿He oído la palabra aranceles?—, lo que podría hacer bastante daño a la economía de esos países. Cabe la tentación de pensar que incluso en occidente podría notarse, por ejemplo Alemania podría ser víctima de ello si los distintos países de la UE adoptasen ese paradigma (estoy pensando principalmente en los países del sur) y se volcasen en producir de manera masiva los bienes que ahora se compran a Alemania. Sin embargo, algo así resulta fantasioso por la propia falta de capacidad de estos países (si fuese tan sencillo, ya habría empresas que lo hiciesen en un entorno de libre competencia) y requeriría de un nivel de injerencia estatal en el mercado y de unas políticas de apoyo (regulatorias y económicas, como subvenciones) enormes por parte de los estados prohibidas por las normas del mercado común: una vez más es la UE la que actuaría de paraguas para evitar las peores consecuencias, pero a medio plazo es una opción que los países del norte no deberían obviar, especialmente a la hora de fijar sus posiciones en cuanto a las medidas de respuesta a la crisis actual, que tanto tensionan la unidad europea, y con tanto ultranacionalista suelto. No hay que olvidar que el mundo de la fantasía, en ocasiones, da sorpresas, y si no que se lo digan a los brexiters. Ahí queda. Pero las implicaciones de esta reestructuración podrían ir más allá. La legitimidad del gobierno chino se basa principalmente en su capacidad para lograr incrementar las condiciones de vida de su desmesurada población. ¿Podrá seguir haciéndolo al ritmo necesario si esta reordenación se produce? Lógicamente todo dependerá del grado en que se produzca y de las medidas que se adopten. China ya lleva un tiempo anticipándose y tratando de profundizar su mercado interior para desligarse de la mera producción exportadora en masa, la cuestión está en si llegarán a tiempo y si lo conseguido hasta ahora en ese sentido será suficiente. Y China es solo un ejemplo, pues lo mismo se puede aplicar a cualquier estado en vías de desarrollo de los que buscan desarrollarse con el mismo modelo de exportación, ya sea oriental o no: España nunca debe perder de vista lo que sucede en el Magreb en general y en Marruecos en particular. Las repercusiones podrían ser espeluznantes. Sin embargo, y una vez considerada y expuesta la posibilidad, creo que es necesario indicar que es improbable, al menos bajo las condiciones de producción actuales. Por un lado, en los bienes más intensivos en mano de obra y menos intensivos en tecnología, como el textil (salvo lo verdaderamente estratégico, como las mascarillas), es muy difícil que los países occidentales puedan asumir los niveles de producción de los países en desarrollo si no se modifican antes sus patrones de consumo actuales, que incluyen un consumo —y por lo tanto una demanda— excesivo con (o debido a) bajos precios, ni los costes laborales. Los otros bienes, los que emplean más tecnología, serían los que los países, estratégicamente, podrían querer recuperar o conseguir —son justo los bienes en los que China es ahora fuerte (procesadores, placas solares…)—, pero esto precisaría de un suministro estable de las materias primas necesarias (por ejemplo, de las famosas tierras raras), de las que China y otros países no occidentales son los principales productores mundiales[6]. No parece probable que los chinos vayan a volver tan fácilmente a un modelo de economía colonial en el que ellos exportan las materias primas y compran los productos manufacturados. Además, hay que tener en cuenta que, aunque se ha reducido mucho en los últimos años (hasta el punto de expulsar la gran producción textil), la diferencia de los costes laborales todavía beneficia a China frente a occidente, lo que se une a la ventaja económica y logística que implica no tener que importar la materia prima. Al hilo de todo esto, se comprenden los intentos y las enormes repercusiones que tendría (y no solo desde el punto de vista económico, sino también ecológico), el descubrimiento de nuevos materiales que pudiesen sustituir a esas tierras raras en la fabricación de componentes electrónicos que los países desarrollados pudiesen obtener por sí mismos. Reflexión final Para acabar, una reflexión final. Venimos hablando en este apartado económico de la posición de los más ricos, de los más pobres, de la iniquidad de los primeros... Pero no debemos olvidar, porque esto acabará algún día, que nosotros también somos ricos para alguien, y no solo foráneo. ¿Cómo nos sentimos con los comentarios de los holandeses? ¿Suponemos que hay racismo en sus palabras? ¿Xenofobia? ¿Queremos construir nuestro futuro y nuestro Ser con paja o con vigas? [1] Lo que realmente intenta el PP con esta queja es desacreditarla como una medida «partidista», con la connotación, instaurada por ellos mismos, negativa que tendría esa palabra, algo sobre lo que ya hemos hablado en alguna ocasión y que denota desprecio por la política y la democracia (nótese que las medidas partidistas son siempre las de los otros, no las propias, y esto vale para todos los partidos, que parecen haberse plegado a dicha absurda concepción negativa). [2] Algunos, como el exministro De Guindos, nada menos, han abogado públicamente por ella, aun cuando es altamente improbable que lo que el sr. De Guindos estuviese a favor de apoyar se parezca a lo que puedan proponer desde UP. [3] Pequeñas en comparación con los grandes campos, aunque las inversiones necesarias para este negocio no sean pequeñas en términos absolutos [4] ¿Qué sectores pueden resultar estratégicos? Cuidado con la pregunta, porque si se considera desde un punto de vista muy abierto, prácticamente cualquier sector puede ser estratégico, ya sea por que los bienes produzca sean muy básicos, por la tecnología que emplea, por su peso en la economía… Este tipo de interpretación, que los más nacionalistas seguro que harán, lleva inevitablemente hacia el proteccionismo más exacerbado. [5] Esto, a su vez, podría llevar hacia una nueva ronda de competición fiscal entre los estados, algo verdaderamente desastroso. [6] El reciente enfrentamiento entre EE.UU. y China con respecto al 5G y Huawei evidencian este extremo.
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La velocidad de la luz Javier Cercas Categorías
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